Analistas: No hay garantías para ejercer el derecho a la protesta en Colombia

BOGOTÁ – Colombia, desde finales del año pasado, ha sido protagonista de continuas protestas sociales. Algunas, con saldos violentos y otras con muestras cívicas e incluso culturales, en busca de una respuesta por parte de las entidades estatales, en materia de salud, educación, derechos humanos y paz.

Para el analista político Jorge Iván Cuervo, docente de la la Universidad Externado de Colombia e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), las protestas hay que leerlas como “un descontento de la democracia”.

“Cuando se hizo la transición de la democracia en Latinoamérica, en los 80, se empezaron a generar una serie de expectativas de crecimiento económico, mayor igualdad, menor pobreza, mayor acceso a bienes y servicios, pero digamos que el proceso de globalización aumentó la desigualdad”, lo que ha generado inconformismo en la sociedad, agrega, debido a que los gobiernos en los últimos años no han tomado medidas para contrarrestar este tema.

En el caso de Colombia, explica la politóloga Dionne Cruz, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, “venimos desde los años 90 arrastrando un modelo neoliberal que desafortunadamente ha privatizado absolutamente todo: la salud, la educación, los servicios públicos, las vías del país y ha acrecentado un modelo extractivista”.

El acuerdo de paz con las FARC es un ingrediente adicional, dice Cuervo, ya que, durante el conflicto armado, “las demandas sociales estaban represadas porque el reclamo social inmediatamente era asociado a la izquierda, por miedo o donde la agenda pública estaba marcada por este tema”.

En la coyuntura, dice la politóloga, el Estado colombiano «no acometió desde la primera fase de la cuarentena obligatoria medidas como la renta social básica” y se ha generado “frustración, angustia del desmejoramiento en sus condiciones de calidad de vida”.  Esta situación se reproduce en los sectores económicos, donde según Díaz, no llegaron “los subsidios a la nómina” para salvar los empleos.

Además, se ha incrementado el empleo informal, sin garantías para el trabajador.

La pandemia, incluso, “acrecentó también una serie de problemas que ya traíamos de violencia de género, violencia intrafamiliar, abusos contra niños y niñas, abusos contra personas mayores y todos los problemas de salud mental derivados de estar encerrados y de no tener una seguridad, al menos para solventar lo básico”, dice la profesora lo que, según ella, deja en evidencia “la fragilidad y la debilidad de nuestros aparatos estatales para sortear las problemáticas que vinieron con la pandemia”.

¿Hay garantías para ejercer el derecho a la protesta?

El balance en el tema es “negativo”, dice Cruz, pues en el país “ha venido ganando fuerza la idea que las personas que protestan son una amenaza contra el sistema».

“Una cosa es el discurso gubernamental y otra cosa esa práctica”, añade el analista Cuervo, quien se apoya en la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, que indica que existe una “actitud sistemática de parte del gobierno de disuadir la protesta social”.

Es decir, no la reprime ni la prohíbe directamente, pero, “los discursos del gobierno de deslegitimar la protesta social… el comportamiento del ESMAD (Escuadrón Antidisturbios) abiertamente agresivo y hostil a los manifestantes. Hay una posición hostil del gobierno y la fuerza pública contra los manifestantes”, señala el investigador.

Demonstrators hurl stones at the police during clashes in Bogota, Colombia, Monday, Sept. 21, 2020. Unions and student groups…
Manifestantes arrojan piedras a la policía durante enfrentamientos en Bogotá, Colombia, el lunes 21 de septiembre de 2020. Sindicatos y grupos estudiantiles convocaron manifestaciones contra la brutalidad policial, la inseguridad civil y la crisis.

Y el vandalismo generado en las manifestaciones ha sido aprovechado por el gobierno para “decir que la protesta social es legítima, pero en el fondo hay un plan de desestabilización”, es decir, se cae el peso de la protesta, sostiene Cuervo.

Para Charry, si se observan los indicadores del número de líderes sociales que han sido asesinados principalmente por actores asociados al narcotráfico, “vemos que este derecho está en tela de juicio y no lo puede ser ejercido”. Además, dice, “hay sectores de las Fuerzas Armadas del Estado que ha cometido serios vejámenes de miles de las personas que participan” en las protestas.

Cruz agrega, además que en Colombia se ha vuelto recurrente utilizar la fuerza pública “para distraer o para dejar caer que tenemos que escuchar esos clamores y darles a esos clamores una respuesta efectiva”.

En este sentido, el sociólogo opina que muchas de las veces “al finalizar las protestas organizadas, pacíficas, vienen grupos de personas violentas, pero organizadas a enfrentarse con la fuerza pública. Y termina siendo esta la noticia del día y no el mensaje que los manifestantes querían expresar”.

Futuro complejo

En la medida en que la crisis siga afectando el desempeño de la economía colombiana y que siga habiendo más personas que están viendo disminuida su calidad de vida, “obviamente habrá más manifestaciones de protesta y que el Estado colombiano puede estar esperando, ya no en forma de protesta social sino en forma de protesta colectiva”, dice el sociólogo.

Dice que, aunque se están generando mayores protocolos para evitar la violencia de género y que las fuerzas armadas permitan el ejercicio pacífico de la protesta ciudadana, en otra gran cantidad de casos ya esto está en tela de juicio: “Concretamente: derechos humanos, restitución de tierras, cumplimiento de los acuerdos de paz por temas que de alguna manera todavía están muy en entredicho”.

La politóloga Cruz opina que “hace falta encauzar siempre los ejercicios de protesta desde las vías pacíficas”. Los líderes, dice, deben “escuchar, atender y entender que Colombia en el 91 cambió, que Colombia tiene una soberanía popular, que el mandante es el ciudadano en la comunidad y que el servidor público como su nombre lo indica, el funcionario, está para servirle a la gente, no al revés”.

Para Cuervo, es prematuro saber qué va a pasar en Colombia. Aunque el gobierno abrió el espacio de ‘Conversación Nacional’, tras las protestas del año pasado, el analista dice que “eso no va para ningún lado».

En su opinión, las protestas continuarán y se refirió a la denuncia del congresista Iván Cepeda, de que el Gobierno colombiano pueda declarar el estado de conmoción interior para responder a la protesta social: “Eso le daría poder excepcional al gobierno para prohibir protestas sociales, decretar toques de queda, retenciones a la libertad de prensa, movilizaciones en general, de reunión. Y es un escenario posible. Se puede venir un escenario de represión muy dura”.

En este sentido, dice Cuervo, puede haber una “radicalización de la confrontación entre el Gobierno de Duque, los sectores sociales inconformes y, en ese contexto, los grupos armados ilegales van a aprovechar para sacar ventaja militar y política”.

El otro escenario, agrega, es que se pueda dar una vía diferente de diálogo entre el Estado y la ciudadanía y el sistema político. Y agrega, que la solución de estas problemáticas se proyectan hacia el 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, puesto que, según él, “el gobierno de Duque nunca logró posicionarse con un alto grado de gobernabilidad” y, por ahora, solo tratará de “sobrevivir”.

En 2022, “nos vamos a jugar la defensa de la Constitución del 91, el restablecimiento de equilibrio constitucional, salvar el proceso de paz y superar la crisis social”, dice Cuervo.

Finalmente, Charry puntualiza que es importante aclarar que las manifestaciones en Colombia no son  ajenas a los ciclos de protestas que se están viendo en diferentes partes del mundo.

Por Karen Sánchez,VOA

Radio Onda Tica y OndaticaOnline.com
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