La Sala Constitucional declaró sin lugar una acción de inconstucionalidad que fuera interpuesta en contra de dos acuerdos aprobados por la Corte Plena para elevar el salario de las altas esferas del Poder Judicial.
Los acuerdos mencionados se presentaron, primeramente, en el 2008, permitiendo el aumento de hasta un 57% en el salario de 46 funcionarios con puestos gerenciales en la institución, incluidos los magistrados de la Corte, mismos que dejaron sin validez la acción de inconstitucionalidad; el segundo acuerdo se dio en el 2010, a favor de una nueva alza.
La acción de inconstitucionalidad fue respaldada en su momento por coadyuvancias presentadas por el diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, y los legisladores del Frente Amplio, Edgardo Araya y Patricia Mora.